Por Lucy Rivera
Ulises Lara estrena vocería en la FGR con dos expedientes de alto impacto
Ulises Lara estrena vocería en la FGR con dos expedientes de alto impacto: contratos en penales federales y una red de trata de menores
Ciudad de México, 8 de enero de 2026.— En el arranque del año, y en medio del proceso de reacomodo institucional que vive el país tras la reforma judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió marcar territorio con dos comunicados publicados el 7 de enero: uno sobre presuntos desvíos de recursos vinculados a contratos de servicios en penales federales durante la pasada década, y otro sobre una investigación por trata de personas que involucra a menores y una organización con presencia internacional.
El dato político de la jornada no pasó inadvertido dentro de la propia institución: fueron los primeros anuncios difundidos ya con el doctor Ulises Lara López como vocero de la Fiscalía, además de su nuevo encargo como Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, un área pensada para casos de alto perfil y alto impacto.
Lara llega a esa responsabilidad con un perfil poco común en la comunicación de procuración de justicia: formación académica, experiencia en gobierno y una trayectoria que ha transitado por la administración pública capitalina, tareas universitarias y responsabilidades en fiscalías. En su ruta aparecen cargos de coordinación, dirección y vocería institucional, así como una etapa al frente —de manera interina— de la Fiscalía de la Ciudad de México, y más recientemente funciones federales en Morelos. Ahora, en la FGR, su papel combina dos funciones delicadas: conducir un área de investigaciones relevantes y dar la cara públicacuando la institución decide hablar.
Contratos, penales y exfuncionarios: el expediente ligado al entorno de Genaro “N”
El primer comunicado reporta la detención, en Puebla, de Eduardo “N”, exservidor público, por su probable participación en peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR ubica los hechos entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, periodo en el que —según la investigación— se habrían suscrito contratos de servicios para diversos Centros Federales de Readaptación Social.
La Fiscalía enmarca el caso como relacionado con Genaro “N”, exsecretario de Seguridad Pública federal (2006–2012), al señalar que esos centros y su operación se inscribían en el ámbito de instituciones que estuvieron bajo su entorno de responsabilidad. En términos llanos: la FGR apunta a un esquema donde contratos y servicios habrían sido utilizados para extraer recursos públicos y presuntamente moverlos de forma ilegal.
El mismo comunicado enlaza la detención de Eduardo “N” con acciones recientes dentro del expediente: “en días pasados”, dice la Fiscalía, fueron aprehendidos Jesús “N” y María “N”.
En el caso de Jesús “N”, la FGR afirma que un juez lo vinculó a proceso por la probable comisión de delincuencia organizada (con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita) y peculado. También se impuso prisión preventiva oficiosa, que cumple en el CEFERESO No. 1 (Almoloya de Juárez), y se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La Fiscalía sostiene que, entre 2013 y 2015, habría participado en la simulación de contratos para extraer recursos de una institución pública federal.
Sobre María “N”, la FGR informó que fue vinculada a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con prisión preventiva en el CEFERESO No. 16 (Morelos). La institución la describe como parte de un círculo cercano con capacidad operativa para realizar actividades orientadas a los fines ilícitos investigados.
Tapachula: proceso por delincuencia organizada con fines de trata de personas
El segundo comunicado, también fechado el 7 de enero, se centra en Chiapas. La FGR informó que obtuvo vinculación a proceso contra Yoel “N”, a quien identifica como probable integrante de una organización descrita como una secta ultraortodoxa con operaciones principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y México.
La acusación que difunde la Fiscalía es particularmente grave: el grupo, según sus investigaciones, sustrae menores de edad de su lugar de origen para concretar matrimonios forzados con adultos del mismo círculo. Por ello, el Ministerio Público imputó delincuencia organizada con fines de trata de personas.
La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa para Yoel “N” en un Centro de Reinserción Social Estatal con residencia en Tapachula, y concedió dos meses para la investigación complementaria. La FGR añadió que la detención se realizó al cumplimentar una orden de aprehensión, en coordinación con instancias del Gabinete de Seguridad.
Un arranque con lectura institucional
Más allá de los detalles jurídicos, los dos comunicados aparecen en un contexto de renovación de mandos en la Fiscalía y de reorganización del sistema de justiciatras cambios legales recientes. La FGR, bajo la conducción de su nueva titular, busca proyectar una institución más activa en expedientes que tocan dos fibras distintas del país: la corrupción asociada a estructuras de seguridad del pasado y la persecución de redes de trata, especialmente cuando se trata de menores.
Como en toda comunicación institucional de esta naturaleza, la Fiscalía cerró con la precisión obligada: las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
